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El histórico juicio del Vaticano puede cambiar las finanzas de la Iglesia Católica para siempre

Un juicio histórico de 10 empresas e individuos, incluido un cardenal, por cargos que incluyen corrupción y fraude, puede reconfigurar todo sobre cómo el Vaticano administra sus finanzas.

Diez clérigos y laicos católicos responderán a los cargos de corrupción y fraude de los jueces del Vaticano en preparación para el juicio más grande jamás celebrado en la ciudad-estado y el primero en la memoria para poner a un cardenal en el puerto.

Pero el juicio es en muchos sentidos una prueba del ambicioso esfuerzo del Papa Francisco por reformar el sistema financiero y judicial del Vaticano.

Por primera vez, el Vaticano publicó el sábado (24 de julio) el informe anual que describe los gastos de su burocracia, conocida como Curia, y sus operaciones inmobiliarias y financieras, conocidas por sus siglas en italiano, APSA, Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, organismo de la Santa Sede encargada de la gestión de su patrimonio económico.

Es el último paso de un impulso iniciado por el predecesor de Francisco, el Papa Benedicto XVI, para lograr el tipo de estándares financieros que se esperan de otros estados vecinos.

APSA ha sido durante mucho tiempo el más opaco de los departamentos del Vaticano. Su presidente, el obispo Nunzio Galantino, calificó la publicación del informe como «un paso adelante en la dirección de la transparencia y el intercambio».

Según el informe, APSA obtuvo aproximadamente $ 25 millones en ganancias en 2020, una disminución significativa en comparación con más de $ 86 millones en ganancias en 2019, una caída sin duda causada en parte por la falta de turismo al Vaticano durante la pandemia de COVID-19.

La Curia sufrió el año pasado un déficit de $ 78 millones, que el prefecto de la Secretaría de Economía, reverendo Juan Antonio Guerrero Alves, calificó como fuente de alivio: Un escenario posible tenía el déficit cercano a los $ 172 millones.

«Venimos de una cultura de secretismo, pero hemos aprendido que en asuntos económicos la transparencia nos protege más que el secretismo», dijo Guerrero a Vatican News.

El próximo juicio es otro escaparate de las reformas planeadas por Francisco, pero quedan grandes interrogantes sobre qué encontrarán exactamente los jueces.

Según los documentos judiciales del Vaticano revisados ​​por Religión News Service, los acuerdos que llevaron a cinco arrestos de trabajadores laicos del Vaticano en octubre de 2019 y la acusación del cardenal Antonio Becciu a principios de este año comenzaron en 2013, cuando Enrico Crasso, un inversionista cuyo Centurion Global Fund administraba parte de la cartera del Vaticano, presentó a Becciu al financiero suizo-italiano Raffaele Mincione.

En esta foto de archivo del 25 de septiembre de 2020, el cardenal Angelo Becciu mira hacia abajo mientras se encuentra con los medios de comunicación durante una conferencia de prensa en Roma.  El tribunal penal del Vaticano acusó a 10 personas el 3 de julio de 2021, incluida Becciu, y cuatro empresas por cargos que incluyen extorsión, abuso de poder y fraude en relación con la inversión de 350 millones de euros de la secretaría de estado en una empresa inmobiliaria de Londres.  Becciu ayudó a diseñar la inversión inicial de Londres cuando era el jefe de gabinete de la secretaría de estado.  (Foto AP / Gregorio Borgia, archivo)

Mincione invitó a Becciu a tomar una participación mayoritaria en una propiedad en el distrito londinense de Chelsea, que una vez fue un almacén para los grandes almacenes de Harrods. El espacio estaba destinado a ser transformado en apartamentos de lujo para luego ser vendidos.

Becciu, como jefe de gabinete efectivo del Papa o «sustituto», controlaba el dinero entonces dirigido por la Secretaría de Estado.

Pero los fiscales del Vaticano dicen que los beneficios del acuerdo se redujeron por una deuda asombrosa sobre la propiedad de 103 millones de dólares que se le debe al Deutsche Bank. El permiso de planificación del proyecto también se enredó con la construcción de una propiedad hermana en Londres que aún es propiedad de Mincione.

Lo que parece desconcertar incluso a los fiscales del Vaticano es que, en 2013, «la Secretaría de Estado estaba al tanto de los informes incómodos que circulaban sobre Mincione, que deberían haber sugerido un enfoque de la mayor precaución», según documentos judiciales.

Los informes de los medios y los documentos judiciales muestran que Mincione utilizó los fondos de la Secretaría de Estado para invertir en otros proyectos de alto riesgo, que van desde bancos italianos en quiebra hasta proveedores de servicios telefónicos desconocidos y hospitales romanos en dificultades.

En 2018 Becciu es reemplazado por el arzobispo Edgar Pena Parra, que buscaba salir del acuerdo de Londres pues ya estaba perdiendo dinero.  Recurrió al corredor italiano Gianluigi Torzi, quien se ofreció a ayudar al Vaticano a adquirir el control total de la propiedad.

En una reunión de noviembre de 2018 entre Torzi, representantes del Vaticano y Mincione, se firmaron dos contratos: el primero negociaba la salida de Mincione mediante un pago de más de 40 millones de dólares y el segundo otorgaba al Vaticano el control sobre la mayoría de las acciones de la propiedad.

Pero Torzi mantuvo el control de 1.000 acciones que le dieron la última palabra sobre la gestión de la empresa. Cuando los altos mandos del Vaticano gritaron aves, Torzi supuestamente pidió $ 17 millones por las acciones con derecho a voto, una medida que los fiscales del Vaticano dicen que constituye una extorsión. La Secretaría de Estado hizo los pagos a Torzi, pero luego emitió una solicitud infructuosa para congelar sus activos en el Reino Unido, donde vive.

Mientras tanto, los documentos de la corte del Vaticano muestran que Mincione le debía una cantidad significativa de dinero a Torzi y que tenían otros vínculos comerciales.

Matthew O’Brien, un administrador de inversiones de EE. UU, que ha estado siguiendo el caso, cuestionó por qué la Secretaría de Estado confiaría en Torzi, un socio comercial de Mincione con un historial financiera accidentada, para rescatarlos del acuerdo original. «No tiene sentido representar un acuerdo con Torzi como una (mejor) alternativa a lo que ha estado sucediendo».

El supuesto complot de Mincione y Torzi, como lo describieron los abogados del Vaticano, no fue posible sin la ayuda interna. Los fiscales dicen que fueron fundamentales para los acuerdos el secretario personal de Becciu, monseñor Mauro Carlino; el encargado de asuntos financieros de la Secretaría de Estado, Fabrizio Tirabassi; y Enrico Crasso.

Con la ayuda de autoridades extranjeras, investigaciones digitales y físicas, el interrogatorio de 59 actores clave, los fiscales del Vaticano afirman haber reconstruido la compleja red de conexiones dentro y fuera del Vaticano que agotó sus finanzas y socavó su credibilidad.

ARCHIVO – El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, asiste al 150 aniversario de la llegada de misioneros católicos a China de una reunión de una orden religiosa italiana, en Milán, Italia, el sábado 3 de octubre de 2020 (AP Photo / Antonio Calanni).

Pero más preguntas se refieren a las acciones de los altos mandos del Vaticano, incluido el hombre de la mano derecha de Francisco, el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y su adjunto, el arzobispo Edgar Pena Parra, que estaban en el poder cuando el acuerdo se vino abajo. Ninguno de los dos ha sido llamado a declarar ante los jueces vaticanos.

El juicio también es una prueba del intento de Francisco de reforzar la oficina del fiscal del Vaticano, que en el pasado ha demostrado ser superada por complejas maquinaciones financieras. En marzo, un juez británico pronunció sus documentos judiciales en su movimiento para incautar los activos de Torzi plagados de «no divulgaciones y tergiversaciones».

Algunos dicen que la verdadera pregunta que surge del juicio es si el Vaticano se beneficia de tener sus propios sistemas financieros.

«No hay ninguna razón por la que deban tener su propio banco, su propio fondo soberano», dijo O’Brien, citando a la reina de Inglaterra, quien tiene una dotación considerablemente mayor que la del Vaticano, y emplea servicios financieros de bancos privados, o universidades como Notre Dame en Estados Unidos.

El mejor resultado del juicio, dijo O’Brien, sería que el Vaticano terminara con una «gestión profesional genuina de las finanzas de la Santa Sede en el futuro». Pero, añadió, «la única forma de conseguirlo es si el juicio produce suficiente información para que Italia, Reino Unido y Estados Unidos acaben procesando estas cifras».

Por Claire Giangravé para religionnews.com

Foto principal: ARCHIVO – En este post del domingo 21 de marzo de 2021, una monja se encuentra en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.  Los fiscales del Vaticano han alegado una serie asombrosa de escándalos al iniciar el mayor juicio penal en la historia moderna del Vaticano, que comienza el martes en una sala de audiencias modificada en los Museos Vaticanos.  El otrora poderoso cardenal y otras nueve personas están acusados ​​de desangrar a la Santa Sede de decenas de millones de dólares en donaciones a través de malas inversiones, tratos con administradores de dinero turbios y aparentes favores a amigos y familiares.  (Foto AP / Gregorio Borgia, archivo)

 

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